Fue aprobada la suspensión de la norma de emisiones para tractores hasta el año 2030, aliviando la presión sobre los agricultores, quienes enfrentaban altos costos por la renovación de maquinaria, evitando con ello una crisis productiva. La extensión del plazo permitirá adaptarse a las nuevas normativas.
Diversos actores gremiales jugaron un rol clave en esta decisión, incluyendo la Sociedad de Fomento Agrícola (SOFO), que presentó su postura en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.
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